¿Dónde estamos ahora mismo? Esta crisis nos ha confirmado aquello que algunos –ni muchos– ya advirtieron cuando Maastricht: que no hay moneda que dure cien años sin un gobierno que la respalde. El gobierno económico de la eurozona es una condición indispensable para la supervivencia de la moneda única y, en consecuencia, de la Unión Europea (UE) como proyecto político. No hay zona monetaria sostenible si los países que la integran articulan entre ellos una relación de competencia fiscal.
El mal llamado “pacto fiscal” hoy en proceso de ratificación –ése que Hollande quiere renegociar y que mejor habría que llamar “pacto presupuestario”– prohíbe a los Estados de la UE los déficit estructurales. Para asegurar su cumplimiento, le otorga a la Comisión Europea una función de vigilancia que, en la práctica, viene a ser un derecho de veto sobre los presupuestos estatales. Pues bien, ¿son estos nuevos poderes de la Comisión meramente “técnicos” o deberíamos reconocer que tienen un calado indiscutiblemente político? Si a un poder eminentemente técnico le ha correspondido, hasta hoy, una legitimidad indirecta, ¿un poder fundamentalmente político, no debería ir aparejado a una legitimidad directa? Y en democracia –no nos fuéramos a despistar– la legitimidad directa solo puede provenir del sufragio universal.
Para acabarlo de arreglar, las políticas fiscales siguen siendo de competencia nacional, lo cual, contra lo que parece, no es una garantía de soberanía fiscal sino todo lo contrario: una puerta abierta a que tu política fiscal dependa de la que hace tu vecino. La UE ha optado por coordinar los gastos, pero no los ingresos, al menos de momento: mala fórmula. Los gobiernos nacionales no deberían haber aceptado de ningún modo el corsé presupuestario sin avanzar simultáneamente en la armonización fiscal: solo deberían comprometerse a no gastar más de lo que ingresan si tienen un mínimo control sobre lo que ingresan.
Pero, de aceptarse una verdadera integración fiscal, ¿quién debería decidir sobre esta hipotética política fiscal común? ¿Qué institución tiene hoy en la UE suficiente legitimidad para hacerlo, si no nos olvidamos de la vieja proclama de la revolución norteamericana según la cual “no taxation without representation”?
Hoy, como la Comisión no puede ejercer de verdadero gobierno económico europeo –porque, repetimos, no dispone de suficiente legitimidad para ello– es el Consejo Europeo quien lo intenta. Pero allí unos mandan más que otros: Alemania hace las veces de “gobierno económico de todos”, aunque, lógicamente, lo hace pensando básicamente en Alemania, más que en los intereses de la UE en su conjunto.
Añadamos a todo esto que hoy la respuesta de la política ante los mercados financieros, tan dados al efecto contagio y a las dinámicas especulativas, requiere de una capacidad de reacción si no inmediata si muy veloz. Y la regla de la unanimidad que rige en muchos asuntos en el Consejo Europeo impide demasiado a menudo actuar con la diligencia requerida por parte de los gobiernos. Si poner de acuerdo a todos exige un tiempo del que, cuando arrecian las crisis financieras, no se puede disponer, entonces alguien tendría que decidir con suficiente celeridad aunque no se haya fraguado un consenso. Pero, de nuevo, acecha la misma pregunta: ¿Quién tiene hoy la legitimidad para decidir por encima de la voluntad de los Estados miembros?
Estas razones –y no son todas– justifican el título que encabeza estas líneas: el tránsito de una UE confederal como la que tenemos hoy a una UE federal ha dejado de ser ya el sueño más o menos bienintencionado de algunos europeístas, para convertirse en una necesidad perentoria si queremos que la Unión –y hasta el euro mismo– sigan adelante. Una Europa federal que, aproximadamente, quiere decir lo que sigue:
1. Que la Comisión devenga un verdadero gobierno europeo, elegido democráticamente por los ciudadanos de la Unión, ya sea por medio de un sistema presidencialista o, casi mejor, de un sistema parlamentario –como el que rige hoy en España, Italia o Alemania, por poner algunos ejemplos. Y que, por lo tanto, este órgano –una vez disponga de legitimidad democrática directa– concentre todo el poder ejecutivo, que hoy comparte con el Consejo Europeo.
2. Que el Consejo Europeo renuncie a todos sus poderes ejecutivos y se convierta en una Cámara legislativa: una Cámara Alta o Senado, entendida como una cámara de representación territorial –un poco a la manera del Bundesrat alemán-. Este Senado de los Estados co-legislaría junto al Parlamento europeo.
3. Que el Parlamento adquiera plenas funciones legislativas, es decir, que su intervención sea determinante para la probación de las leyes que rigen el conjunto de la UE. Para ello, necesitamos partidos europeos, elecciones al Parlamento verdaderamente transnacionales, con listas electorales paneuropeas, lideradas por candidatos comunes, que optarían –siguiendo la lógica de los regímenes parlamentarios– a la presidencia de la Comisión.
Este es el cambio fundamental que, a nuestro parecer, Europa necesita para mucho antes del año 2051. Luego hay otros capítulos de trascendental importancia: cómo debería y podría ser la Unión en lo que concierne a la organización de su plurinacionalidad y pluriculturalidad interna: la Europa federal será plurinacional o no será; en su política exterior y de defensa: como agente de paz internacional; su papel en los organismos económicos y sociales internacionales: como agente de cooperación y de gobernanza de la economía global; y en la esfera ambiental: como vanguardia en el desarrollo de las energías renovables. Capítulos, todos ellos, sobre los que discurriremos en el futuro.
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