¡Que inventen ellos!

Por Pere Escorsa


A principios del pasado siglo Miguel de Unamuno lanzó esta exclamación que pronto se hizo famosa, reflejo de la impotencia española frente a la mayor capacidad científica de los países del Norte. Sin embargo, en los últimos diez años España ha realizado un esfuerzo notable de aproximación a los países líderes.

En el período 2007-2012 España se situó como el noveno país del mundo por publicaciones científicas, con 583.554 documentos, delante de Rusia, Holanda, Corea del Sur (430.438 documentos), Brasil, Suiza o Suecia. Nuestro país se acercaba al pelotón de cabeza. Se considera que el número de artículos en las 5.700 revistas punteras que aparecen en la base de datos del ISI (Institute for Scientific Information) son un buen indicador del nivel investigador de un país.
 
Esta posición oculta un grave defecto: con la política del “café para todos” han proliferado demasiados centros de investigación que no alcanzan una masa crítica. No hay prioridades. Todas las universidades, por ejemplo, duplican esfuerzos pretendiendo investigar en las mismas áreas. Se impone una reestructuración urgente del sistema investigador.
 
Un caso curioso: según la base de datos Gopubmed, Barcelona, empatada con Boston, encabeza la clasificación mundial en publicaciones sobre nanomedicina en el 2011, con 106 artículos, cuyos autores están dispersos en una multitud de centros.
 
Pero con la crisis llegaron los recortes. En los Presupuestos Generales para el 2012 la cantidad reservada para toda la investigación civil cae un 25 por ciento respecto al año pasado, retrocediendo al nivel de 2006. Pasa a una dotación de 5.633 millones de euros frente a 7.518 millones el año anterior. Esto significará que muchos programas se interrumpirán a medio camino, que muchos científicos se quedarán sin contrato y deberán emigrar, que no se rejuvenecerán las plantillas contratando a nuevos investigadores jóvenes.
 
En el 2011 la financiación de la Ciencia en España fue del 1,3 por ciento del PIB, mientras que en Alemania o Francia supera el 2,5 por ciento. El gap vuelve a crecer. Gastamos más en lotería que en I+D. Años atrás, en la agenda de Lisboa se acordó que los países de la Unión Europea deberían alcanzar el 3 por ciento del PIB.
 
Sin embargo, hay un hecho tan o más preocupante. El número de patentes españolas es ridículo, lo que indica que muy pocas universidades o empresas se apropian de los resultados de la investigación. En el 2008 se concedieron en España 3.636 patentes, frente a las 239.000 de Japón, las 146.871 de los Estados Unidos o las 79.652 de Corea del Sur. Este último país merece un comentario especial: tiene menos publicaciones científicas que España pero, en cambio, protege muchísimo más sus inventos. Otra referencia: IBM con 6.180 patentes en el 2011 casi dobla la cifra española.
 
En nuestro país el número de patentes por investigador es de 0,02, cifra muy lejana de la de los países de referencia. Para corregir estos resultados el gobierno ha implementado el Plan PI de Promoción de la Propiedad Industrial 2010-2012, demasiado reciente todavía para evaluar sus resultados.
 
En estas circunstancias ¿quién aprovecha la investigación española? ¿Las empresas españolas?
 
El vicerrector de la Universidad Politécnica de Cataluña, Xavier Gil, argumenta que aquí no hay suficientes empresas capaces de absorber los resultados de la investigación. Nuestra investigación no se orienta a resolver los problemas del tejido empresarial. Por tanto, es muy probable que las empresas e instituciones extranjeras sean las grandes beneficiarias del esfuerzo investigador español. Este hecho se refleja también en la financiación de la participación española en los Programas de Investigación europeos, en los que la financiación que obtenemos es inferior a lo que aportamos. Solo retorna en forma de proyectos el 80 por ciento de la cantidad que aportamos, mientras que la proporción de Gran Bretaña es del 140 por ciento, la de Finlandia el 170 por ciento o la de Suecia del 140 por ciento.
 
Estamos financiando parte de la investigación de determinados países europeos. ¿O tal vez la investigación solo sirve para aumentar las retribuciones de los profesores que publican?