La normativa laboral debe proteger a todas las personas trabajadoras, y con mayor intensidad a quienes se encuentran en situación más difícil en el mercado de trabajo. Estoy pensando fundamentalmente en quienes tienen poca cualificación, y también en muchas mujeres que se ven imposibilitadas de llevar a cabo, en la realidad cotidiana y no la de laboratorio, una buena conciliación de vida familiar y laboral.
Apostar por la formación es uno de los ejes fundamentales de cualquier propuesta de la izquierda laboral, porque solo aquellas personas bien formadas están en condiciones de adaptarse a los cambios económicos y sociales.
Buscar un modelo de empresa que no abdique del logro de resultados económicos positivos pero que permita una mejor distribución de los beneficios obtenidos ha de ser un punto de referencia básico de una política socialmente progresista.
Apostar por un modelo de “flexibilidad”, palabra tan de moda que ya la hemos desgastado, en el que la seguridad de las personas que tienen un trabajo se combine adecuadamente con la protección de aquellas que lo buscan es algo fundamental.
Y mecanismos de protección social que permitan a todas las personas tener unas expectativas de vida razonablemente buenas después de salir del mundo laboral. O dicho con lenguaje más claro: pensiones dignas.
No es mucho pedir, pero en los tiempos que corren hasta puede parecer una propuesta revolucionaria.
Potenciar una reforma laboral que no desequilibre las relaciones de trabajo en claro detrimento de los trabajadores y de sus organizaciones como ha hecho la recientemente aprobada por el gobierno español. Quizá yo sea un poco anticuado, pero sigo pensando que las relaciones laborales que funcionan mejor son aquellas que se basan en el acuerdo y el diálogo social, y que las empresas mejores y más socialmente responsables son las que poseen una plantilla bien formada, permanente y motivada.
No descargar todo el ajuste sobre las personas que viven de su trabajo, aunque algunos les llamen “privilegiados” por su (por cierto cada vez menor) seguridad laboral, es decir los funcionarios, que desean desarrollar su actividad en beneficio de toda la colectividad.
Y, sobre todo, pensar que la normativa laboral contribuye al crecimiento económico y a la mejora de los niveles de empleo y de reducción de los de desempleo en importancia mucho menor que las reformas económicas, aquellas que interesan de verdad. Y desde luego, esas reformas no son tarea de los laboralistas sino de los políticos que están al frente de los gobiernos.
