Por Pere Escorsa
La región Toscana es famosa por ser una de las principales cunas del Renacimiento. Cuenta con ciudades bellísimas como Florencia, Pisa o Siena. En Toscana trabajaron genios como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. No lejos de Florencia se halla la ciudad de Prato, poco turística, con unos 200.000 habitantes, que desde hace siglos ha sido la capital de la industria textil italiana, especialmente en el sector lanero. Tradicionalmente Prato era conocida por su habilidad en el aprovechamiento de retales de lana.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las principales empresas de Prato fueron destruidas por los alemanes o quebraron. Entonces, una multitud de trabajadores del ramo crearon pequeñas empresas, la mayoría con menos de diez obreros, que pronto se especializaron en una fase o subfase del proceso productivo (hilatura, tejido, confección) dando origen a un entramado de empresas que conjuntamente abarcaban todo el ciclo productivo. Esta concentración de empresas del mismo sector en un territorio se denomina distrito industrial –distretto– posteriormente llamado también cluster. En otros sectores italianos, como el calzado, la madera y el mueble, la cerámica o la joyería, aparecieron distretti similares. Emilia Romagna es otra región que cuenta con numerosos distritos. Hace años trabajé como experto de la Comisión Europea en un proyecto de coordinación de las empresas de la provincia de Pisa. Recuerdo todavía acaloradas discusiones con los empresarios del distrito del mueble de Cascina, cerca de Pisa.
Durante el período 1950-1980, el distrito vivió una gran prosperidad. En Prato se contabilizaban 15.000 telares. La calidad de los tejidos fue aumentando gradualmente, con un mayor contenido de lana virgen. Algunas empresas producían productos sofisticados de cachemira, alpaca o mohair. Se exportaba a los mercados ricos de Alemania, Inglaterra, Francia o Estados Unidos. En 1982 Prato exportó el 75 por ciento de su producción.
Pero en los años 90 del pasado siglo comenzaron a observarse señales de que el distrito pratense se estaba desintegrando. Algunas de sus empresas comenzaron a deslocalizarse al exterior (Europa del este, sudeste asiático). Otras utilizaron proveedores de países de mano de obra barata, en lugar de sus tradicionales suministradores locales. Algunas grandes multinacionales comenzaron a comprar empresas del distrito. Aparecieron discretamente pequeñas empresas chinas dedicadas a la confección. Aumentó el uso de servicios prestados por empresas exteriares a Prato, tales como diseño, calidad, estudios de mercado, informática, etc.
El distrito fue perdiendo su carácter autosuficiente.
En la primera década de este siglo se evidenció algo más grave. Las ventas en los mercados tradicionales exteriores comenzaron a disminuir, incluso en Alemania, debido a la presencia creciente de competidores asiáticos que vendían productos de menor calidad pero a un precio mucho más bajo. En los años 90 China había entrado en la Organización Mundial del Comercio y se permitió que sus productos invadieran Occidente. Muchas empresas de Prato quebraron.
Edoardo Nesi, empresario de tercera generación que tuvo que cerrar su empresa, relata la experiencia en su libro La historia de mi gente (Salamandra, 2012). Muchos telares fueron vendidos a precios de saldo y acabarán en India o Pakistán. Los locales que dejaron las empresas quebradas fueron ocupadas progresivamente por inmigrantes clandestinos chinos que confeccionan prendas con tejidos importados de China y las etiquetan como Made in Italy. Los trabajadores duermen en los propios talleres, al pie de las máquinas de coser, en un ambiente de gran suciedad. Cobran poco, pero mucho más que en la China profunda de donde proceden, en que ganaban unos ocho dólares al mes. No hablan ni una palabra de italiano. De vez en cuando las redadas policiales expulsan a inmigrantes indocumentados, que son sustituidos inmediatamente.
Alguien debería escribir lo que sucede en los distritos españoles del calzado en Elche y Elda, de las alfombras en Crevillente, del mueble en La Sènia, de la cerámica en Onda, Villareal, l’Alcora o Nules, y en muchos otros.
Son las consecuencias de la globalización.
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2 de octubre de 2012
Prato, en la Toscana
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18 de junio de 2012
¡Que inventen ellos!
Por Pere Escorsa
A principios del pasado siglo Miguel de Unamuno lanzó esta exclamación que pronto se hizo famosa, reflejo de la impotencia española frente a la mayor capacidad científica de los países del Norte. Sin embargo, en los últimos diez años España ha realizado un esfuerzo notable de aproximación a los países líderes.
En el período 2007-2012 España se situó como el noveno país del mundo por publicaciones científicas, con 583.554 documentos, delante de Rusia, Holanda, Corea del Sur (430.438 documentos), Brasil, Suiza o Suecia. Nuestro país se acercaba al pelotón de cabeza. Se considera que el número de artículos en las 5.700 revistas punteras que aparecen en la base de datos del ISI (Institute for Scientific Information) son un buen indicador del nivel investigador de un país.
Esta posición oculta un grave defecto: con la política del “café para todos” han proliferado demasiados centros de investigación que no alcanzan una masa crítica. No hay prioridades. Todas las universidades, por ejemplo, duplican esfuerzos pretendiendo investigar en las mismas áreas. Se impone una reestructuración urgente del sistema investigador.
Un caso curioso: según la base de datos Gopubmed, Barcelona, empatada con Boston, encabeza la clasificación mundial en publicaciones sobre nanomedicina en el 2011, con 106 artículos, cuyos autores están dispersos en una multitud de centros.
Pero con la crisis llegaron los recortes. En los Presupuestos Generales para el 2012 la cantidad reservada para toda la investigación civil cae un 25 por ciento respecto al año pasado, retrocediendo al nivel de 2006. Pasa a una dotación de 5.633 millones de euros frente a 7.518 millones el año anterior. Esto significará que muchos programas se interrumpirán a medio camino, que muchos científicos se quedarán sin contrato y deberán emigrar, que no se rejuvenecerán las plantillas contratando a nuevos investigadores jóvenes.
En el 2011 la financiación de la Ciencia en España fue del 1,3 por ciento del PIB, mientras que en Alemania o Francia supera el 2,5 por ciento. El gap vuelve a crecer. Gastamos más en lotería que en I+D. Años atrás, en la agenda de Lisboa se acordó que los países de la Unión Europea deberían alcanzar el 3 por ciento del PIB.
Sin embargo, hay un hecho tan o más preocupante. El número de patentes españolas es ridículo, lo que indica que muy pocas universidades o empresas se apropian de los resultados de la investigación. En el 2008 se concedieron en España 3.636 patentes, frente a las 239.000 de Japón, las 146.871 de los Estados Unidos o las 79.652 de Corea del Sur. Este último país merece un comentario especial: tiene menos publicaciones científicas que España pero, en cambio, protege muchísimo más sus inventos. Otra referencia: IBM con 6.180 patentes en el 2011 casi dobla la cifra española.
En nuestro país el número de patentes por investigador es de 0,02, cifra muy lejana de la de los países de referencia. Para corregir estos resultados el gobierno ha implementado el Plan PI de Promoción de la Propiedad Industrial 2010-2012, demasiado reciente todavía para evaluar sus resultados.
En estas circunstancias ¿quién aprovecha la investigación española? ¿Las empresas españolas?
El vicerrector de la Universidad Politécnica de Cataluña, Xavier Gil, argumenta que aquí no hay suficientes empresas capaces de absorber los resultados de la investigación. Nuestra investigación no se orienta a resolver los problemas del tejido empresarial. Por tanto, es muy probable que las empresas e instituciones extranjeras sean las grandes beneficiarias del esfuerzo investigador español. Este hecho se refleja también en la financiación de la participación española en los Programas de Investigación europeos, en los que la financiación que obtenemos es inferior a lo que aportamos. Solo retorna en forma de proyectos el 80 por ciento de la cantidad que aportamos, mientras que la proporción de Gran Bretaña es del 140 por ciento, la de Finlandia el 170 por ciento o la de Suecia del 140 por ciento.
Estamos financiando parte de la investigación de determinados países europeos. ¿O tal vez la investigación solo sirve para aumentar las retribuciones de los profesores que publican?
A principios del pasado siglo Miguel de Unamuno lanzó esta exclamación que pronto se hizo famosa, reflejo de la impotencia española frente a la mayor capacidad científica de los países del Norte. Sin embargo, en los últimos diez años España ha realizado un esfuerzo notable de aproximación a los países líderes.
En el período 2007-2012 España se situó como el noveno país del mundo por publicaciones científicas, con 583.554 documentos, delante de Rusia, Holanda, Corea del Sur (430.438 documentos), Brasil, Suiza o Suecia. Nuestro país se acercaba al pelotón de cabeza. Se considera que el número de artículos en las 5.700 revistas punteras que aparecen en la base de datos del ISI (Institute for Scientific Information) son un buen indicador del nivel investigador de un país.
Esta posición oculta un grave defecto: con la política del “café para todos” han proliferado demasiados centros de investigación que no alcanzan una masa crítica. No hay prioridades. Todas las universidades, por ejemplo, duplican esfuerzos pretendiendo investigar en las mismas áreas. Se impone una reestructuración urgente del sistema investigador.
Un caso curioso: según la base de datos Gopubmed, Barcelona, empatada con Boston, encabeza la clasificación mundial en publicaciones sobre nanomedicina en el 2011, con 106 artículos, cuyos autores están dispersos en una multitud de centros.
Pero con la crisis llegaron los recortes. En los Presupuestos Generales para el 2012 la cantidad reservada para toda la investigación civil cae un 25 por ciento respecto al año pasado, retrocediendo al nivel de 2006. Pasa a una dotación de 5.633 millones de euros frente a 7.518 millones el año anterior. Esto significará que muchos programas se interrumpirán a medio camino, que muchos científicos se quedarán sin contrato y deberán emigrar, que no se rejuvenecerán las plantillas contratando a nuevos investigadores jóvenes.
En el 2011 la financiación de la Ciencia en España fue del 1,3 por ciento del PIB, mientras que en Alemania o Francia supera el 2,5 por ciento. El gap vuelve a crecer. Gastamos más en lotería que en I+D. Años atrás, en la agenda de Lisboa se acordó que los países de la Unión Europea deberían alcanzar el 3 por ciento del PIB.
Sin embargo, hay un hecho tan o más preocupante. El número de patentes españolas es ridículo, lo que indica que muy pocas universidades o empresas se apropian de los resultados de la investigación. En el 2008 se concedieron en España 3.636 patentes, frente a las 239.000 de Japón, las 146.871 de los Estados Unidos o las 79.652 de Corea del Sur. Este último país merece un comentario especial: tiene menos publicaciones científicas que España pero, en cambio, protege muchísimo más sus inventos. Otra referencia: IBM con 6.180 patentes en el 2011 casi dobla la cifra española.
En nuestro país el número de patentes por investigador es de 0,02, cifra muy lejana de la de los países de referencia. Para corregir estos resultados el gobierno ha implementado el Plan PI de Promoción de la Propiedad Industrial 2010-2012, demasiado reciente todavía para evaluar sus resultados.
En estas circunstancias ¿quién aprovecha la investigación española? ¿Las empresas españolas?
El vicerrector de la Universidad Politécnica de Cataluña, Xavier Gil, argumenta que aquí no hay suficientes empresas capaces de absorber los resultados de la investigación. Nuestra investigación no se orienta a resolver los problemas del tejido empresarial. Por tanto, es muy probable que las empresas e instituciones extranjeras sean las grandes beneficiarias del esfuerzo investigador español. Este hecho se refleja también en la financiación de la participación española en los Programas de Investigación europeos, en los que la financiación que obtenemos es inferior a lo que aportamos. Solo retorna en forma de proyectos el 80 por ciento de la cantidad que aportamos, mientras que la proporción de Gran Bretaña es del 140 por ciento, la de Finlandia el 170 por ciento o la de Suecia del 140 por ciento.
Estamos financiando parte de la investigación de determinados países europeos. ¿O tal vez la investigación solo sirve para aumentar las retribuciones de los profesores que publican?
16 de mayo de 2012
¿La flexiseguridad?
Por Eduardo Rojo Torrecilla
La normativa laboral debe proteger a todas las personas trabajadoras, y con mayor intensidad a quienes se encuentran en situación más difícil en el mercado de trabajo. Estoy pensando fundamentalmente en quienes tienen poca cualificación, y también en muchas mujeres que se ven imposibilitadas de llevar a cabo, en la realidad cotidiana y no la de laboratorio, una buena conciliación de vida familiar y laboral.
El Derecho del Trabajo nunca ha sido un freno, y no lo ha de ser, para permitir el desarrollo de la actividad empresarial que apuesta por la economía social, cooperativa y con participación del personal.
Apostar por la formación es uno de los ejes fundamentales de cualquier propuesta de la izquierda laboral, porque solo aquellas personas bien formadas están en condiciones de adaptarse a los cambios económicos y sociales.
Buscar un modelo de empresa que no abdique del logro de resultados económicos positivos pero que permita una mejor distribución de los beneficios obtenidos ha de ser un punto de referencia básico de una política socialmente progresista.
Apostar por un modelo de “flexibilidad”, palabra tan de moda que ya la hemos desgastado, en el que la seguridad de las personas que tienen un trabajo se combine adecuadamente con la protección de aquellas que lo buscan es algo fundamental.
Y mecanismos de protección social que permitan a todas las personas tener unas expectativas de vida razonablemente buenas después de salir del mundo laboral. O dicho con lenguaje más claro: pensiones dignas.
No es mucho pedir, pero en los tiempos que corren hasta puede parecer una propuesta revolucionaria.
Potenciar una reforma laboral que no desequilibre las relaciones de trabajo en claro detrimento de los trabajadores y de sus organizaciones como ha hecho la recientemente aprobada por el gobierno español. Quizá yo sea un poco anticuado, pero sigo pensando que las relaciones laborales que funcionan mejor son aquellas que se basan en el acuerdo y el diálogo social, y que las empresas mejores y más socialmente responsables son las que poseen una plantilla bien formada, permanente y motivada.
No descargar todo el ajuste sobre las personas que viven de su trabajo, aunque algunos les llamen “privilegiados” por su (por cierto cada vez menor) seguridad laboral, es decir los funcionarios, que desean desarrollar su actividad en beneficio de toda la colectividad.
Y, sobre todo, pensar que la normativa laboral contribuye al crecimiento económico y a la mejora de los niveles de empleo y de reducción de los de desempleo en importancia mucho menor que las reformas económicas, aquellas que interesan de verdad. Y desde luego, esas reformas no son tarea de los laboralistas sino de los políticos que están al frente de los gobiernos.
La normativa laboral debe proteger a todas las personas trabajadoras, y con mayor intensidad a quienes se encuentran en situación más difícil en el mercado de trabajo. Estoy pensando fundamentalmente en quienes tienen poca cualificación, y también en muchas mujeres que se ven imposibilitadas de llevar a cabo, en la realidad cotidiana y no la de laboratorio, una buena conciliación de vida familiar y laboral.
El Derecho del Trabajo nunca ha sido un freno, y no lo ha de ser, para permitir el desarrollo de la actividad empresarial que apuesta por la economía social, cooperativa y con participación del personal.
Apostar por la formación es uno de los ejes fundamentales de cualquier propuesta de la izquierda laboral, porque solo aquellas personas bien formadas están en condiciones de adaptarse a los cambios económicos y sociales.
Buscar un modelo de empresa que no abdique del logro de resultados económicos positivos pero que permita una mejor distribución de los beneficios obtenidos ha de ser un punto de referencia básico de una política socialmente progresista.
Apostar por un modelo de “flexibilidad”, palabra tan de moda que ya la hemos desgastado, en el que la seguridad de las personas que tienen un trabajo se combine adecuadamente con la protección de aquellas que lo buscan es algo fundamental.
Y mecanismos de protección social que permitan a todas las personas tener unas expectativas de vida razonablemente buenas después de salir del mundo laboral. O dicho con lenguaje más claro: pensiones dignas.
No es mucho pedir, pero en los tiempos que corren hasta puede parecer una propuesta revolucionaria.
Potenciar una reforma laboral que no desequilibre las relaciones de trabajo en claro detrimento de los trabajadores y de sus organizaciones como ha hecho la recientemente aprobada por el gobierno español. Quizá yo sea un poco anticuado, pero sigo pensando que las relaciones laborales que funcionan mejor son aquellas que se basan en el acuerdo y el diálogo social, y que las empresas mejores y más socialmente responsables son las que poseen una plantilla bien formada, permanente y motivada.
No descargar todo el ajuste sobre las personas que viven de su trabajo, aunque algunos les llamen “privilegiados” por su (por cierto cada vez menor) seguridad laboral, es decir los funcionarios, que desean desarrollar su actividad en beneficio de toda la colectividad.
Y, sobre todo, pensar que la normativa laboral contribuye al crecimiento económico y a la mejora de los niveles de empleo y de reducción de los de desempleo en importancia mucho menor que las reformas económicas, aquellas que interesan de verdad. Y desde luego, esas reformas no son tarea de los laboralistas sino de los políticos que están al frente de los gobiernos.
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