¿Cómo me informaré en 10 años? Twitter + iPad

Por Albert Sáez
Periodista, es director adjunto de El Periódico de Catalunya

La historia de los medios de comunicación está repleta de profecías incumplidas y de éxitos imprevistos. Hace apenas una década, Nicholas Negroponte esbozó el mundo digital sin decir ni una palabra de las tabletas electrónicas como iPad. No es fácil decir cómo nos informaremos. La primera cuestión a resolver es si querremos seguir informándonos. En la historia de la humanidad, los períodos sin necesidad de recibir y transmitir información libre y veraz son mayoritarios. No está escrito que en los próximos años esto pueda cambiar. De hecho, el mundo que dio pie al periodismo de masas vive una profunda crisis con una democracia representativa desprestigiada, una economía de mercado que ya no asegura ni el crecimiento ni el bienestar y con una cultura que ha perdido la escritura como su principal razón de ser. Pudiera pasar que el mundo posterior a la Modernidad no tuviera la información como uno de sus pilares.

En todo caso, si la información continúa siendo necesaria la manera de recibirla y de transmitirla va a cambiar sustancialmente, está cambiando sustancialmente. Los periodistas y, sobretodo, los medios informativos han perdido el monopolio de la difusión masiva de noticias. Perder el monopolio puede ser el primer paso hacia la desaparición pero también un estímulo para la refundación. El público ya no confía ni confiará únicamente en los periodistas para informarse, confía en quien le explique lo que le interesa en cada momento. Algunos, incluso, solo quieren saber aquello que les reafirma en sus propias convicciones. Twitter es la principal expresión de esta tendencia y el modo de consumir información en el futuro tendrá mucho que ver con el tipo de interacción que se produce en el timeline de esta red social. La información será el resultado de una conversación global en la que participarán los protagonistas de las noticias, los periodistas que las siguen, los expertos que las analizan y el público que las consume.

La segunda dinámica de futuro se organiza en torno a las llamadas tabletas electrónicas, la más popular de las cuales es iPad. Se trata de ordenadores ligeros o teléfonos sofisticados que permiten producir, emitir o consumir textos, contenidos audiovisuales, audio, vídeo, fotografías, bajándolos o colgándolos en la red de redes. Estos artilugios permiten la circulación ininterrumpida de información a la vez que permiten a cualquier ciudadano ser narrador de las noticias que protagoniza o a las que tiene acceso como testigo. Nuevamente, información menos controlada, para lo bueno y para lo malo. Por un lado, se puede producir un proceso de emancipación de la información respecto al poder político y económico. Por el otro, la propaganda se puede infiltrar en los nuevos formatos como lo ha hecho en los tradicionales.

En todo caso, la información tiene el reto de adaptarse a los nuevos hábitos del público.

Defina usted "bienestar"

Bienestar es una isla utópica ignorante de su pequeñez.

¿El Estado de bienestar se ha acabado?

Por Santiago Niño Becerra
 
Tal y como lo hemos conocido sí. La razón es simple: ya no es necesario. De entrada una puntualización: entiendo por Modelo de Protección Social (MPS) lo que coloquialmente se conoce como “Estado de bienestar”, ya que es un estado en el que la economía mundial entró tras la Depresión siendo aquel uno de los ingredientes y consecuencias de éste. Bien, decía que ya no es necesario: el MPS se puso en marcha por tres razones: 1) porque brindaba soportes a una clase obrera miserizada tras un siglo de revolución industrial, dos crisis sistémicas y tres guerras terribles a fin de evitar que escuchase propagandas que llegaban del otro lado; 2) porque si esa clase obrera se sentía protegida rendiría más y consumiría más en un entorno de productividad y producción creciente (el MPS ha ido asociado a la eclosión de la clase media y a su razón de ser: el pleno empleo), y; 3) porque el MPS ayudaba a generar PIB y por sí mismo lo generaba. 

Hoy ya no llegan propagandas del otro lado, fundamentalmente porque solo hay un lado. El objetivo ya no es producir más, sino lo que haga falta recurriendo a una tecnología que cada vez es más sofisticada, más barata y más fácil de utilizar lo que hace que la productividad sea el objetivo a lograr, una productividad que ahorra factores, entre ellos el trabajo, con lo que el desempleo estructural crece y la clase media pierde su razón de ser. Y, además, generar PIB por generarlo ya no tiene sentido: el PIB tiene que ser eficiente y conveniente.

Si el motivo de ser del MPS ya no es y sus consecuencias ya han dejado de ser, el MPS deja de ser necesario así como sus corolarios, por ejemplo la redistribución. Y claro, como el MPS se encuadra en el Estado de bienestar en el que el mundo entró, ello se ve reflejado en la situación de escasez en el que ahora y, pienso, durante mucho tiempo el planeta va a estar instalado. Lo que se halla vinculado con el balance entre población y recursos; pero eso es otra historia.

Prato, en la Toscana

Por Pere Escorsa
 

La región Toscana es famosa por ser una de las principales cunas del Renacimiento. Cuenta con ciudades bellísimas como Florencia, Pisa o Siena. En Toscana trabajaron genios como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. No lejos de Florencia se halla la ciudad de Prato, poco turística, con unos 200.000 habitantes, que desde hace siglos ha sido la capital de la industria textil italiana, especialmente en el sector lanero. Tradicionalmente Prato era conocida por su habilidad en el aprovechamiento de  retales de lana.
 
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las principales empresas de Prato fueron destruidas por los alemanes o quebraron. Entonces, una multitud de trabajadores del ramo crearon pequeñas empresas, la mayoría con menos de diez obreros, que pronto se especializaron en una fase o subfase del proceso productivo (hilatura, tejido, confección) dando origen a un entramado de empresas que conjuntamente abarcaban todo el ciclo productivo. Esta concentración de empresas del mismo sector en un territorio se denomina distrito industrial –distretto– posteriormente llamado también cluster. En otros sectores italianos, como el calzado, la madera y el mueble, la cerámica o la joyería, aparecieron distretti similares. Emilia Romagna es otra región que cuenta con numerosos distritos.  Hace años trabajé como experto de la Comisión Europea en un proyecto de coordinación de las empresas de la provincia de Pisa. Recuerdo todavía acaloradas discusiones con los empresarios del distrito del mueble de Cascina, cerca de Pisa. 
 
Durante el período 1950-1980, el distrito vivió una gran prosperidad. En Prato se contabilizaban 15.000 telares. La calidad de los tejidos fue aumentando gradualmente, con un mayor contenido de lana virgen. Algunas empresas producían productos sofisticados de cachemira, alpaca o mohair. Se exportaba a los mercados ricos de Alemania, Inglaterra, Francia o Estados Unidos. En 1982 Prato exportó el 75 por ciento de su producción.
 
Pero en los años 90 del pasado siglo comenzaron a observarse señales de que el distrito pratense se estaba desintegrando. Algunas de sus empresas comenzaron a deslocalizarse al exterior (Europa del este, sudeste asiático). Otras utilizaron proveedores de países de mano de obra barata, en lugar de sus tradicionales suministradores locales. Algunas grandes multinacionales comenzaron a comprar empresas del distrito. Aparecieron discretamente pequeñas empresas chinas dedicadas a la confección. Aumentó el uso de servicios prestados por empresas exteriares a Prato, tales como diseño, calidad, estudios de mercado, informática, etc.
 
El distrito fue perdiendo su carácter autosuficiente.
 
En la primera década de este siglo se evidenció algo más grave. Las ventas en los mercados tradicionales exteriores comenzaron a disminuir, incluso en Alemania, debido a la presencia creciente de competidores asiáticos que vendían productos de menor calidad  pero a un precio mucho más bajo. En los años 90 China había entrado en la Organización Mundial del Comercio y se permitió que sus productos invadieran Occidente. Muchas empresas de Prato quebraron.
 
Edoardo Nesi, empresario de tercera generación que tuvo que cerrar su empresa, relata la experiencia en su libro La historia de mi gente (Salamandra, 2012). Muchos telares fueron vendidos a precios de saldo y acabarán en India o Pakistán. Los locales que dejaron las empresas quebradas fueron ocupadas progresivamente por inmigrantes clandestinos chinos que confeccionan prendas con tejidos importados de China y las etiquetan como Made in Italy. Los trabajadores duermen en los propios talleres, al pie de las máquinas de coser, en un ambiente de gran suciedad. Cobran poco, pero mucho más que en la China profunda de donde proceden, en que ganaban unos ocho dólares al mes. No hablan ni una palabra de italiano. De vez en cuando las redadas policiales expulsan a inmigrantes indocumentados, que son sustituidos inmediatamente.
 
Alguien debería escribir lo que sucede en los distritos españoles del calzado en Elche y Elda, de las alfombras en Crevillente, del mueble en La Sènia, de la cerámica en Onda, Villareal, l’Alcora o Nules, y en muchos otros.
 
Son las consecuencias de la globalización.

Qué ha sucedido con la Democracia Cristiana

Por Günter Krings

El Papa Benedicto XVI dio el año pasado un discurso impactante en el Bundestag, durante su visita a Alemania. Empezó relatando una historia preciosa del Antiguo Testamento, la del joven rey Salomón y su ascensión al trono. Dios le concedió un deseo, y Salomón no quiso bienestar, ni una vida longeva, tampoco la muerte para sus enemigos. Deseó conocimiento, poder juzgar a su pueblo con el corazón, y liderarlos con justicia.

Esta historia tal vez contenga las ideas fundamentales que asientan los cimientos de la política demócrata-cristiana en el siglo XXI. Primero, existe la idea de la humildad, el darse cuenta de que uno no sabe todo lo que se ha de saber sobre lo que es bueno para el otro –el rechazo de todas las ideologías con visiones rígidas sobre el mundo, ideologías que quisieran superponerse a la realidad. Además, la historia manifiesta un enfoque bastante pragmático, que ha sido siempre una de las características de las políticas de la Democracia Cristiana. Una práctica política que aspira a responder a los problemas y preocupaciones de los ciudadanos, y que debe ser capaz de adaptarse. Los políticos no deben conformarse con las respuestas que encontraron en el pasado, más bien deben reaccionar ante los nuevos problemas y encontrar nuevas soluciones. Esto es algo que estamos viendo ahora en la crisis del euro, donde las personas buscan orientación y esperan respuestas a sus legítimas preguntas.

A su vez, la práctica política de la Democracia Cristiana está esencialmente fundamentada en una visión cristiana de la humanidad, algo cada vez más importante en un tiempo en el que pocas áreas de la vida son capaces de resistir las fuertes presiones de los mercados económicos. Estoy seguro de que las políticas demócrata-cristianas aportan respuestas importantes ante el riesgo de que todo acabe determinado por las reglas económicas. Existen valores más allá de la economía. Y lo vemos en lo que se refiere a asuntos relacionados con la bioética, los derechos humanos, la política educativa, la protección de las celebraciones religiosas, o la familia, por mencionar solo unas pocas áreas. 

Mantener el equilibrio entre libertad y responsabilidad es una parte esencial de lo que la “C” de Democracia Cristiana quiere significar. Todo individuo dentro del estado debe ser, en primera estancia, responsable de su propia vida. Y cada ciudadano debe tener garantizada la mayor libertad posible a la hora de ejercer esta responsabilidad. Una esfera privada que viene complementada por la familia, los amigos, o iniciativas privadas como clubs y asociaciones. El estado debe facilitar y promover estos esfuerzos. Pero además somos seres sociales, incapaces de sobrevivir aislados, y en términos concretos esto significa que la actividad emprendedora no debe estar encadenada con un exceso de normas, tasas o gravámenes. También significa que el objetivo de un estado cimentado en la asistencia social debe de estar al lado de aquellos que requieren su ayuda para lograr que recuperen su autonomía cuanto antes.

No podemos reducir la libertad a un mero concepto. Las condiciones sociales pueden significar a menudo que la libertad que en teoría existe, en la realidad no permita a las personas vivir su vida libremente. Por eso es oportuno e importante crear oportunidades para todos los ciudadanos. Oportunidades para obtener unos buenos resultados académicos y lograr un empleo. Así todos, en el marco de seguridad ofrecido por el estado, serán capaces de perseguir y lograr la felicidad. Lo que se requiere no es una completa igualdad en los ingresos, sino las mismas oportunidades para todos. Algunas personas nacen en la cima de la montaña, otras en el valle. Algunas personas tienen facilidad para progresar, mientras que otras necesitan de un mayor esfuerzo. Pero lo importante es conseguir que no existan obstáculos injustos que bloqueen el camino de la persona.

¡Que inventen ellos!

Por Pere Escorsa


A principios del pasado siglo Miguel de Unamuno lanzó esta exclamación que pronto se hizo famosa, reflejo de la impotencia española frente a la mayor capacidad científica de los países del Norte. Sin embargo, en los últimos diez años España ha realizado un esfuerzo notable de aproximación a los países líderes.

En el período 2007-2012 España se situó como el noveno país del mundo por publicaciones científicas, con 583.554 documentos, delante de Rusia, Holanda, Corea del Sur (430.438 documentos), Brasil, Suiza o Suecia. Nuestro país se acercaba al pelotón de cabeza. Se considera que el número de artículos en las 5.700 revistas punteras que aparecen en la base de datos del ISI (Institute for Scientific Information) son un buen indicador del nivel investigador de un país.
 
Esta posición oculta un grave defecto: con la política del “café para todos” han proliferado demasiados centros de investigación que no alcanzan una masa crítica. No hay prioridades. Todas las universidades, por ejemplo, duplican esfuerzos pretendiendo investigar en las mismas áreas. Se impone una reestructuración urgente del sistema investigador.
 
Un caso curioso: según la base de datos Gopubmed, Barcelona, empatada con Boston, encabeza la clasificación mundial en publicaciones sobre nanomedicina en el 2011, con 106 artículos, cuyos autores están dispersos en una multitud de centros.
 
Pero con la crisis llegaron los recortes. En los Presupuestos Generales para el 2012 la cantidad reservada para toda la investigación civil cae un 25 por ciento respecto al año pasado, retrocediendo al nivel de 2006. Pasa a una dotación de 5.633 millones de euros frente a 7.518 millones el año anterior. Esto significará que muchos programas se interrumpirán a medio camino, que muchos científicos se quedarán sin contrato y deberán emigrar, que no se rejuvenecerán las plantillas contratando a nuevos investigadores jóvenes.
 
En el 2011 la financiación de la Ciencia en España fue del 1,3 por ciento del PIB, mientras que en Alemania o Francia supera el 2,5 por ciento. El gap vuelve a crecer. Gastamos más en lotería que en I+D. Años atrás, en la agenda de Lisboa se acordó que los países de la Unión Europea deberían alcanzar el 3 por ciento del PIB.
 
Sin embargo, hay un hecho tan o más preocupante. El número de patentes españolas es ridículo, lo que indica que muy pocas universidades o empresas se apropian de los resultados de la investigación. En el 2008 se concedieron en España 3.636 patentes, frente a las 239.000 de Japón, las 146.871 de los Estados Unidos o las 79.652 de Corea del Sur. Este último país merece un comentario especial: tiene menos publicaciones científicas que España pero, en cambio, protege muchísimo más sus inventos. Otra referencia: IBM con 6.180 patentes en el 2011 casi dobla la cifra española.
 
En nuestro país el número de patentes por investigador es de 0,02, cifra muy lejana de la de los países de referencia. Para corregir estos resultados el gobierno ha implementado el Plan PI de Promoción de la Propiedad Industrial 2010-2012, demasiado reciente todavía para evaluar sus resultados.
 
En estas circunstancias ¿quién aprovecha la investigación española? ¿Las empresas españolas?
 
El vicerrector de la Universidad Politécnica de Cataluña, Xavier Gil, argumenta que aquí no hay suficientes empresas capaces de absorber los resultados de la investigación. Nuestra investigación no se orienta a resolver los problemas del tejido empresarial. Por tanto, es muy probable que las empresas e instituciones extranjeras sean las grandes beneficiarias del esfuerzo investigador español. Este hecho se refleja también en la financiación de la participación española en los Programas de Investigación europeos, en los que la financiación que obtenemos es inferior a lo que aportamos. Solo retorna en forma de proyectos el 80 por ciento de la cantidad que aportamos, mientras que la proporción de Gran Bretaña es del 140 por ciento, la de Finlandia el 170 por ciento o la de Suecia del 140 por ciento.
 
Estamos financiando parte de la investigación de determinados países europeos. ¿O tal vez la investigación solo sirve para aumentar las retribuciones de los profesores que publican?

La Europa federal, una necesidad

Por Toni Comín

¿Qué Europa para el 2051? Si respondiésemos a esta pregunta con espíritu idealista, simplemente explicaríamos la Europa que soñamos, más allá de su viabilidad –un ejercicio probablemente encomiable, pero de un interés bastante limitado. Y si nos limitamos a contestar desde el estricto realismo, acabaremos por hacer un mero ejercicio de prospectiva, como si fuésemos meros espectadores de la historia, como si el futuro no fuese con nosotros. Pero la historia la hacen los hombres y, en parte, la hacen gracias a sus sueños. Por esto, intentemos enfrentarnos a tan trascendental interrogante con suficiente realismo como para plantear una Europa posible, pero con suficiente idealismo como para dibujar una Europa deseada y necesaria.
 
¿Dónde estamos ahora mismo? Esta crisis nos ha confirmado aquello que algunos –ni muchos– ya advirtieron cuando Maastricht: que no hay moneda que dure cien años sin un gobierno que la respalde. El gobierno económico de la eurozona es una condición indispensable para la supervivencia de la moneda única y, en consecuencia, de la Unión Europea (UE) como proyecto político. No hay zona monetaria sostenible si los países que la integran articulan entre ellos una relación de competencia fiscal.
 
El mal llamado “pacto fiscal” hoy en proceso de ratificación –ése que Hollande quiere renegociar y que mejor habría que llamar “pacto presupuestario”– prohíbe a los Estados de la UE los déficit estructurales. Para asegurar su cumplimiento, le otorga a la Comisión Europea una función de vigilancia que, en la práctica, viene a ser un derecho de veto sobre los presupuestos estatales. Pues bien, ¿son estos nuevos poderes de la Comisión meramente “técnicos” o deberíamos reconocer que tienen un calado indiscutiblemente político? Si a un poder eminentemente técnico le ha correspondido, hasta hoy, una legitimidad indirecta, ¿un poder fundamentalmente político, no debería ir aparejado a una legitimidad directa? Y en democracia –no nos fuéramos a despistar– la legitimidad directa solo puede provenir del sufragio universal.
 
Para acabarlo de arreglar, las políticas fiscales siguen siendo de competencia nacional, lo cual, contra lo que parece, no es una garantía de soberanía fiscal sino todo lo contrario: una puerta abierta a que tu política fiscal dependa de la que hace tu vecino. La UE ha optado por coordinar los gastos, pero no los ingresos, al menos de momento: mala fórmula. Los gobiernos nacionales no deberían haber aceptado de ningún modo el corsé presupuestario sin avanzar simultáneamente en la armonización fiscal: solo deberían comprometerse a no gastar más de lo que ingresan si tienen un mínimo control sobre lo que ingresan.
 
Pero, de aceptarse una verdadera integración fiscal, ¿quién debería decidir sobre esta hipotética política fiscal común? ¿Qué institución tiene hoy en la UE suficiente legitimidad para hacerlo, si no nos olvidamos de la vieja proclama de la revolución norteamericana según la cual “no taxation without representation”?
 
Hoy, como la Comisión no puede ejercer de verdadero gobierno económico europeo –porque, repetimos, no dispone de suficiente legitimidad para ello– es el Consejo Europeo quien lo intenta. Pero allí unos mandan más que otros: Alemania hace las veces de “gobierno económico de todos”, aunque, lógicamente, lo hace pensando básicamente en Alemania, más que en los intereses de la UE en su conjunto.
 
Añadamos a todo esto que hoy la respuesta de la política ante los mercados financieros, tan dados al efecto contagio y a las dinámicas especulativas, requiere de una capacidad de reacción si no inmediata si muy veloz. Y la regla de la unanimidad que rige en muchos asuntos en el Consejo Europeo impide demasiado a menudo actuar con la diligencia requerida por parte de los gobiernos. Si poner de acuerdo a todos exige un tiempo del que, cuando arrecian las crisis financieras, no se puede disponer, entonces alguien tendría que decidir con suficiente celeridad aunque no se haya fraguado un consenso. Pero, de nuevo, acecha la misma pregunta: ¿Quién tiene hoy la legitimidad para decidir por encima de la voluntad de los Estados miembros?
 
Estas razones –y no son todas– justifican el título que encabeza estas líneas: el tránsito de una UE confederal como la que tenemos hoy a una UE federal ha dejado de ser ya el sueño más o menos bienintencionado de algunos europeístas, para convertirse en una necesidad perentoria si queremos que la Unión –y hasta el euro mismo– sigan adelante. Una Europa federal que, aproximadamente, quiere decir lo que sigue:
 
1. Que la Comisión devenga un verdadero gobierno europeo, elegido democráticamente por los ciudadanos de la Unión, ya sea por medio de un sistema presidencialista o, casi mejor, de un sistema parlamentario –como el que rige hoy en España, Italia o Alemania, por poner algunos ejemplos. Y que, por lo tanto, este órgano –una vez disponga de legitimidad democrática directa– concentre todo el poder ejecutivo, que hoy comparte con el Consejo Europeo.
 
2. Que el Consejo Europeo renuncie a todos sus poderes ejecutivos y se convierta en una Cámara legislativa: una Cámara Alta o Senado, entendida como una cámara de representación territorial –un poco a la manera del Bundesrat alemán-. Este Senado de los Estados co-legislaría junto al Parlamento europeo.
 
3. Que el Parlamento adquiera plenas funciones legislativas, es decir, que su intervención sea determinante para la probación de las leyes que rigen el conjunto de la UE. Para ello, necesitamos partidos europeos, elecciones al Parlamento verdaderamente transnacionales, con listas electorales paneuropeas, lideradas por candidatos comunes, que optarían –siguiendo la lógica de los regímenes parlamentarios– a la presidencia de la Comisión.
 
Este es el cambio fundamental que, a nuestro parecer, Europa necesita para mucho antes del año 2051. Luego hay otros capítulos de trascendental importancia: cómo debería y podría ser la Unión en lo que concierne a la organización de su plurinacionalidad y pluriculturalidad interna: la Europa federal será plurinacional o no será; en su política exterior y de defensa: como agente de paz internacional; su papel en los organismos económicos y sociales internacionales: como agente de cooperación y de gobernanza de la economía global; y en la esfera ambiental: como vanguardia en el desarrollo de las energías renovables. Capítulos, todos ellos, sobre los que discurriremos en el futuro.

¿La flexiseguridad?

Por Eduardo Rojo Torrecilla

La normativa laboral debe proteger a todas las personas trabajadoras, y con mayor intensidad a quienes se encuentran en situación más difícil en el mercado de trabajo. Estoy pensando fundamentalmente en quienes tienen poca cualificación, y también en muchas mujeres que se ven imposibilitadas de llevar a cabo, en la realidad cotidiana y no la de laboratorio, una buena conciliación de vida familiar y laboral.
 

El Derecho del Trabajo nunca ha sido un freno, y no lo ha de ser, para permitir el desarrollo de la actividad empresarial que apuesta por la economía social, cooperativa y con participación del personal.
 
Apostar por la formación es uno de los ejes fundamentales de cualquier propuesta de la izquierda laboral, porque solo aquellas personas bien formadas están en condiciones de adaptarse a los cambios económicos y sociales.
 
Buscar un modelo de empresa que no abdique del logro de resultados económicos positivos pero que permita una mejor distribución de los beneficios obtenidos ha de ser un punto de referencia básico de una política socialmente progresista.
 
Apostar por un modelo de “flexibilidad”, palabra tan de moda que ya la hemos desgastado, en el que la seguridad de las personas que tienen un trabajo se combine adecuadamente con la protección de aquellas que lo buscan es algo fundamental.
 
Y mecanismos de protección social que permitan a todas las personas tener unas expectativas de vida razonablemente buenas después de salir del mundo laboral. O dicho con lenguaje más claro: pensiones dignas.
 
No es mucho pedir, pero en los tiempos que corren hasta puede parecer una propuesta revolucionaria.
 
Potenciar una reforma laboral que no desequilibre las relaciones de trabajo en claro detrimento de los trabajadores y de sus organizaciones como ha hecho la recientemente aprobada por el gobierno español. Quizá yo sea un poco anticuado, pero sigo pensando que las relaciones laborales que funcionan mejor son aquellas que se basan en el acuerdo y el diálogo social, y que las empresas mejores y más socialmente responsables son las que poseen una plantilla bien formada, permanente y motivada.
 
No descargar todo el ajuste sobre las personas que viven de su trabajo, aunque algunos les llamen “privilegiados” por su (por cierto cada vez menor) seguridad laboral, es decir los funcionarios, que desean desarrollar su actividad en beneficio de toda la colectividad.
 
Y, sobre todo, pensar que la normativa laboral contribuye al crecimiento económico y a la mejora de los niveles de empleo y de reducción de los de desempleo en importancia mucho menor que las reformas económicas, aquellas que interesan de verdad. Y desde luego, esas reformas no son tarea de los laboralistas sino de los políticos que están al frente de los gobiernos.